Cuando se habla de que hay que ir más allá de rampas y ascensores al hablar de accesibilidad, los que dicen eso me recuerdan mucho a quienes reclaman la jornada laboral de 32 horas; hubo una época en que se abogaba por la jornada de 35, y resulta que todavía estamos con la de 40. Se puede decir misa en latín, pero antes de ponerse a aplicar una presunta jornada de 32 horas semanales habrá que asegurarse de que se cumple la jornada de 40 horas primero, y luego una hipotética de 35.
En ocasiones queremos ir tan lejos con el derecho humano a la accesibilidad que nos olvidamos de lo más básico. Por supuesto que hay que poner señalizaciones claras e inteligibles para todas las personas. Ya tenemos señales de tráfico desde que el mundo es mundo. Es indudable que se debe extender mucho la lengua de signos y el sistema de comunicación Braille en las administraciones públicas y en los negocios privados. Pero digo yo que no podemos olvidar las rampas y ascensores, y lo cierto es que a esto no se le da la importancia que todavía tiene y lo estamos dejando de lado.
Por cierto, y esto es bastante impopular. Hemos visto el escaso éxito que han tenido campañas publicitarias sobre el cinturón de seguridad, el respeto hacia futbolistas de diferentes razas, o la violencia machista. En primer lugar, no he visto ninguna campaña publicitaria sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Tampoco he visto ninguna sobre la importancia de la Asistencia Personal para muchas personas. Aquí debería repetir que las personas discapacitadas somos la minoría más numerosa en el mundo, y es oprimida y violentada cotidianamente.
Como en España, y gran parte del extranjero, somos más de palo que de zanahoria, añadiré que tampoco se aplica lo suficiente ni con la suficiente contundencia, prontitud y agilidad el régimen ya existente de sanciones económicas a quienes no cumplen su obligación de construir un entorno accesible. El desastre se convierte en monumental cuando la ejemplaridad por parte de los poderes públicos se ausenta. Cierto es que la Inspección de Trabajo de Málaga dispone de una rampa para entrar y salir de quita y pon.
No entraré aquí a analizar si cumple la legalidad en cuanto a sus dimensiones, ángulos, o pendiente. No ando por ahí con la cinta métrica investigándolo todo. Sin embargo, me resulta de primero de humanidad que la accesibilidad a esas oficinas no se soluciona con una rampa de este estilo. En mi opinión, la rampa debería estar puesta constantemente, igual que las escaleras o la puerta.
Si tienen una rampa de quita y pon, el ciudadano se ve obligado a dar voces al interior para que salga alguien a desplegar dicha rampa, y yo estoy harto de leer en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y en la legislación española que las personas discapacitadas debemos poder hacer las cosas “en igualdad de condiciones que los demás”, pero esto supone una merma en las posibilidades de las personas discapacitadas de moverse por el territorio nacional.
En casos como este, no debe importar el motivo por el que un ciudadano cualquiera acuda allí. Cuando un conductor conduce a 170 km/h, pero debía ir a 50km/h, se le multa y punto. Da igual que el conductor de al lado que denuncia el hecho vaya a comprar pan o a pasear con el coche. Me hace gracia esa cuestión.
Me recuerda a esos individuos que, obligados a disculparse, lo hacen de la siguiente manera: “siento si lo que he dicho le ha molestado a este”, cuando lo que debería decir es lo siguiente: “siento haber dicho lo que he dicho”. La disculpa no es tal si es condicionada a que lo que se haya hecho mal haya incordiado. Se pide perdón cuando se ha hecho objetivamente algo de modo incorrecto.
Volviendo al tema que nos incumbe ahora: El trato desigual supone discriminación por motivos de discapacidad, y esa discriminación se define y sanciona según nos dice la ley. En realidad, se debe sancionar de oficio y no poner a un ciudadano cualquiera en el ojo del huracán con la obligación hacer algo que no le corresponde. Pero aquí habría que recordar al lector que debe existir un pacto tácito entre administraciones para no multarse la una a la otra.
De hecho, una afirmación que me hizo la periodista que amablemente sacó a la luz este tema fue algo del siguiente tenor: “Esa discriminación afecta a muchas personas, cuya ausencia de ese lugar se puede explicar por su falta de accesibilidad”. Y aunque afirme lo contrario, la Inspección de Trabajo de Málaga sabía que estaba actuando de modo incorrecto porque le había pedido permiso al ayuntamiento para poner en sus instalaciones una rampa permanente.
Eso ocurrió ya antes de la pandemia (hace 7 u 8 años), e independientemente de todo lo anterior, también habría que examinar la cuestión de la supuesta complicidad del ayuntamiento de Málaga porque sabiendo de la existencia de un delito no lo sancionó de oficio. No le encuentro explicación razonable a esta dejadez tan dolorosa.