En general, las personas discapacitadas y no discapacitadas tenemos las mismas necesidades. A veces los apoyos son los mismos para unas y para otras, y en ocasiones difieren. Algunas de esas necesidades son: sentir que somos parte integrante de algo, formar una familia, acceder y permanecer en el sistema educativo, tener un empleo digno, desplazarnos de aquí para allá, lavarnos los dientes y el resto del cuerpo, ir al médico cuando nos sentimos malitos, peinarnos si tenemos cabello, y demás. Muchas personas discapacitadas solo podemos realizar un número importante de estas actividades si estamos incluidos en la sociedad y contamos con ciertos apoyos (como decía antes, algunos propios y otros semejantes a los de otros, porque igual que un trabajador precisa una calle asfaltada para ir a su oficina, yo tengo que recibir el apoyo de alguien para teclear en el ordenador por mí).
Entre esos apoyos voy a destacar la asistencia personal y a mencionar el apoyo entre iguales, ni siquiera voy a detenerme en esta última manera de apoyo ni a aludir a otras formas necesarias para que las personas discapacitadas llevemos una vida digna. Estas dos formas de apoyo son condición necesaria, aunque no suficiente (también hacen falta calles asfaltadas, un buen alcantarillado, aceras limpias e iluminadas, o señales de tráfico que no nos confundan ni mortifiquen), para llevar una vida independiente incluidos en la comunidad.
Para cumplir correctamente nuestras obligaciones debemos estar incluidos en la sociedad. Primero y más importante porque todo el mundo sabe que el ser humano es un ser social. Y segundo porque es nuestra obligación como miembros de esa “gran familia” que formamos. O por lo menos eso indica la declaración universal de los derechos humanos de 1948, que en el apartado 1 de su artículo 29 añade: “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”. Insisto, se señala en ese texto que la persona solo puede desarrollarse libremente cuando forma parte activa de la comunidad. Una vez que estamos incluidos en la misma, los seres humanos tenemos deberes respecto a ella.
Algunas leyes hemos hecho para intentar incluir a todos los grupos de personas oprimidas por cualquier motivo (sea este el lugar de procedencia, la clase social, la orientación sexual, las ideas políticas, la raza, la religión que se profese, la discapacidad, la edad, etc.). Pero al parecer no han surtido los efectos necesarios porque además de leyes hace falta que se produzca un importante cambio cultural en nuestros lugares de origen y destino. Se requiere principalmente la igualdad de oportunidades y la no discriminación de determinados grupos.
Por este motivo, suelo destacar el artículo 9 de nuestra Constitución, que habla en su apartado 2 de que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social¨. Como digo y dice nuestra Ley máxima: Promover nuestros derechos le corresponde a los poderes públicos. Interpreto que la Constitución Española comparte con la declaración de la ONU la relación causal que lleva desde nuestra inclusión en la comunidad a nuestro cumplimiento de deberes respecto a ella. Sin embargo, repito que no es suficiente ampararse en la legislación vigente. Visto lo anterior, los grupos de personas marginadas y nuestros aliados debemos ir un paso más allá para concienciar a la gran mayoría de que nuestras demandas son justas, pertinentes y prioritarias.
Casi entiendo (aunque no comparto) que lo que diga la ONU no nos importe demasiado. Después de todo, seguimos los pasos de esta organización sólo cuando nos conviene. Cuando no nos conviene, no lo hacemos, no cumplimos con sus dictados y santas pascuas del altar, o aquí paz y después gloria que viene a ser lo mismo o casi. A cualquier ciudadano español medio sensato, le debería costar digerir más que los poderes públicos no hagan su deber al 1000% para obedecer la ley suprema de nuestro país, pero se ve que determinados grupos minoritarios oprimidos no tenemos el mismo peso político que otros, aunque enfrentarnos no va a ser posible ni conveniente. De este modo, se ha legislado más y mejor, y a diferentes velocidades y ritmos según el colectivo al que nos refiramos o en el que nos encontremos.
En 1978 aprobamos en España la Constitución que nos habíamos dado. En 2008 entró en vigor con rango de Ley superior la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU. En ninguno de los dos casos nos obligaron con un cuchillo en el cuello a aprobarlas. Sin embargo, como dicen algunas personas, “el papel lo aguanta todo”, porque a las claras está que nuestro país no se ha volcado totalmente en el cumplimiento estricto de estas leyes tan importantes. Tal y como vengo sosteniendo, además de legislar, hace falta un cambio cultural de profundo calado.
¿Se puede decir entonces que vivimos en un Estado de derecho como muchos defienden? ¿Debemos aceptar sin más este estado de cosas? ¿Qué podemos hacer en el caso de que la respuesta a la primera pregunta sea negativa? ¿Cómo podemos mejorar nuestro estado para estar verdaderamente orgullosos de pertenecer a él? Respecto a las personas discapacitadas, y como dice mi compañera de batallas Coral, ¿Se nos considera realmente seres humanos por ser discapacitados, tener diversidad funcional? ¿Merecemos por el mero hecho de haber nacido los mismos derechos (y obligaciones) que el resto de la ciudadanía, o hace falta cumplir algún requisito, obtener alguna virtud para alcanzarlos? ¿Qué motivo razonable existe para que se nos nieguen los apoyos suficientes y necesarios para ejecutar nuestros derechos?