Hace unos días escuchaba a una persona decir que no es normal lo que nos está pasando. Esa persona lo ponía de la siguiente manera: Sin las herramientas suficientes para llevar una vida independiente (lo más llamativo es la asistencia personal) estamos literalmente condenados a vivir en casa con nuestros padres (el que no viva con su pareja) hasta que revienten, y entonces vamos directos a un centro residencial.
Pensaba en ello, y en mi caso lo cierto es que no es normal que con 50 años siga en la casa de mis padres que hacen lo que buenamente pueden a sus 84 y 76 años respectivamente. Y durante años he sido un privilegiado por estar incluido en un proyecto por el que recibía una ayuda extra de parte de la Consejería de Andalucía que me permitía tener asistencia personal seis horas y media al día en promedio. Pero eso no es lo habitual. Lo que se denomina asistencia personal en España no es tal ( en mi humilde opinión), es otra paguita muy condicionada (por edad, ocupación, formación del asistente personal, lugar de residencia) e insuficiente para supuestamente poder ejercer nuestro derecho a la vida independiente.
Considerándolo bien, esta persona tenía toda la razón. Una relación de afecto familiar o de amistad no se puede basar en la dependencia de una parte por la otra, así se destruyen familias y otras relaciones humanas. Los que dicen defender la vida deberían tener también esto en cuenta, pues la vida no se reduce solo el nacimiento y la muerte, sino que incluye también los años que transcurren y van entre medias. Aun sabiendo que esto es cierto, hay quien afirma que implantar los servicios necesarios para la vida independiente es muy caro.
Quien tenga en mente esa opinión, que tenga en cuenta que lo que estamos fomentando: la vida dependiente no es gratis ni más barato que el fomento de la vida independiente. Esto no le entra en la cabeza a muchos de nuestros conciudadanos ni a nuestros gobernantes, que insisten en promover elementos para mantener la dependencia de muchas personas discapacitadas. A tal fin, las autoridades continúan destinando una parte importante de su presupuesto a la renovación y construcción de centros segregados.
No se debería gastar el dinero de los contribuyentes en estas instalaciones, que son caras para nuestro sistema de salud, ineficaces para nuestro sistema de empleo, costosas en tiempo de construcción, e inefectivas en el aumento de la autonomía personal e inclusión en la comunidad tanto de las personas discapacitadas como de sus familiares.
En cambio, se debería redistribuir el capital y nuestras energías a elementos que promuevan nuestra vida independiente. Se debe eliminar la relación de dependencia de nuestros familiares hacia nosotros y viceversa, fomentar el aumento de posibilidades de empleabilidad para todas las partes implicadas (con lo que eso conlleva de ingreso a las arcas públicas de cotizaciones sociales, ahorro en desempleo, aportaciones a la mermada caja de pensiones), ayudar a conseguir la conciliación laboral y familiar, el incremento de nuestra autonomía personal, y de nuevo la ampliación de posibilidades de empleo para las personas que actualmente desempeñan su frecuentemente frustrante y desdibujada labor en estos centros.
Con todo, existe demasiada reticencia a implantar en nuestra región y en nuestro país un sistema suficiente y acorde con los derechos humanos de asistencia personal y los demás elementos necesarios conducentes a nuestra liberación y a conseguir la vida independiente. Esos grupos inmovilistas lo son, en gran parte, porque desean que siga el estado presente de las cosas, de tal modo que estos grupos de presión (entidades bancarias, grupos inmobiliarios, incluso organizaciones del sector de la discapacidad) hacen con una mano lo que deshacen con la otra, manteniendo la cuota de poder que han adquirido con el sudor de la frente del vecino.
El proceso de desinstitucionalización necesariamente pisará algunos callos, cosa que a las personas discapacitadas puede que nos convenga, pero seguro que también traerá muchos beneficios. Finalmente debe derribar y tumbar sin complejos y con valentía los diversos grupos de presión y los ejecutores de lugares segregados de la comunidad y que mantienen aisladas a las personas discapacitadas, siendo así que, como indica la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos “deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella [toda persona] puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”.